Ana Lía Piñeyrúa

Han pasado quince años de la aprobación de la Ley N° 16.713 que reformó el sistema de seguridad social en Uruguay. Hoy, más de un millón de uruguayos tienen cuentas de ahorro en las AFAP, las que administran un fondo previsional de casi 150 mil millones de pesos.

Al recordar la tarea compleja que significó llevar adelante, como ministra de Trabajo y Seguridad Social, la reforma de un sistema casi en bancarrota, vienen a mi memoria el entonces director de Planeamiento, Cdor. Ariel Davrieux y todos quienes integraron los equipos técnicos y los legisladores con los que trabajamos codo con codo para lograr sacarla adelante. Recuerdo que el Dr. Sanguinetti en la reunión en la que me ofreció el cargo de ministra me dijo que la tarea más importante que teníamos por delante era la reforma de la seguridad social.

Quienes asumimos la responsabilidad de concretarla éramos conscientes de ello. El proceso que condujo a la reforma se había iniciado en el gobierno del Dr. Lacalle y los actores éramos prácticamente los mismos. El gobierno del Partido Nacional había intentado reformar la seguridad social a través de una amplia convocatoria a los partidos políticos, a la central sindical, a las asociaciones de jubilados y pensionistas y a las gremiales empresariales, pero no tuvo éxito.

En febrero de ese año se repitió la experiencia para sentar las bases del sistema, el grupo se fue reduciendo con el paso del tiempo. Se analizaron todos los aspectos, sabiendo que una reforma a la medida de los uruguayos no saldría de ningún manual sino de saber adaptar otras experiencias y lo más avanzado de la teoría a nuestra realidad e idiosincrasia.

Nuestra reforma no fue igual a la chilena, a la argentina o a la peruana, por mencionar algunas referencias. Fue un camino propio, reconociendo lo mejor de nuestro sistema de solidaridad intergeneracional pero sabiendo que, sin cambios, el sistema no podría sobrevivir. Los dos pilares complementarios de la reforma, la solidaridad y la capitalización individual, permitieron potenciar lo mejor de la participación del Estado y del mercado. Sin caer en la tentación del mercado omnisciente ni del estatismo paralizante, logramos un nuevo sistema justo para con aquellos que pueden aportar a lo largo de su vida para jubilarse y también para aquellos a quienes la sociedad debe dar una mano.

Hoy podemos decir con orgullo que el sistema uruguayo es ejemplo a nivel mundial. El actual gobierno, al aprobar una ley que modificó los topes de inversión de las AFAP confirmó que el sistema seguirá vigente, y que los buenos resultados de las jubilaciones que alcanzarán quienes cotizan en las distintas administradoras en pocos años consolidarán el sistema. A ello deben agregarse los efectos macroeconómicos que son, también, ampliamente positivos. Así, la menor carga a la que tiene que hacer frente el Estado en una sociedad que tiene menos de dos cotizantes por jubilado o pensionista, significó no sólo poder disponer de más recursos para otros fines apremiantes, sino también salvar al propio BPS. Sin reforma, no hubiera habido recursos suficientes para continuar pagando jubilaciones y pensiones con regularidad, dadas las tendencias demográficas de nuestra población que ya a mediados de los 90 conocíamos bien. Gracias a la reforma, todos los jubilados del país tienen la certeza de que cobrarán su pensión en tiempo y forma; algo que viene sucediendo desde hace más de 15 años, incluso en momentos tan dramáticos como las crisis de 2002 y del 2008.

Por otra parte, la relación entre el salario de actividad y el beneficio de pasividad se ha achicado muchísimo para quienes aportan al sistema de capitalización y ha quedado demostrado que éste resulta especialmente beneficioso para los trabajadores con escasa movilidad salarial, segmento en el que se concentran los menos calificados. Estas son las razones, entre otras, del altísimo porcentaje de afiliaciones voluntarias que tiene el sistema.

Por todo ello es que podemos estar satisfechos de nuestro modelo de seguridad social. También podemos extraer la valiosa lección de lo que podemos lograr los uruguayos cuando trabajamos juntos por encima de intereses partidarios, para resolver los problemas de todos los uruguayos. ¡Cuánto mejor podríamos estar si hubiéramos logrado el mismo grado de consenso para otras reformas! ¡Si hubiéramos podido trabajar de la misma forma en la lucha contra la pobreza, reformar las empresas públicas, crear una regla fiscal, un buen sistema de salud, elevar la calidad de la educación pública, regenerar la seguridad ciudadana y tantos otros temas que nos preocupan a todos! Quince años después veo la reforma de la seguridad social en su planteo, desarrollo y conclusión como un proceso a imitar, orgullosa de haber participado en él y convencida de que es mucho lo que queda por hacer. Hay muchos otros asuntos en los que el país se debe reformas de fondo, y para encararlos necesitamos a personas de todos los partidos, de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de la academia, de los sindicatos, de las cámaras empresariales; en fin, de todos los sectores de la sociedad, dispuestas a jugarse por un país mejor.

Necesitamos convicción y liderazgo para volver a sentirnos orgullosos de lo que nuestra sociedad es capaz de hacer. Juntos podemos hacerlo, depende de todos nosotros que así sea.