ARGENTINA

La Corte Suprema de Justicia argentina confirmó ayer jueves, por unanimidad, la condena a 13 años de prisión de la activista social Milagro Sala, por los delitos de asociación ilícita -en carácter de jefa-, fraude y extorsión.

La Corte rechazó todos los planteos de la defensa de Sala, a quien ya no le quedan más recursos para revertir la pena dictada en su contra, que empezará a ejecutarse. Hasta ahora ella estaba presa, pero con prisión preventiva.

Pese al fallo de la Corte, es probable que Sala, de 58 años y líder de la organización Tupac Amaru, cumpla la condena en su casa por su estado de salud, aunque el gobierno de Jujuy insiste en que debe ser trasladada a una cárcel común.

El fallo de la Corte lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La sentencia que confirmaron fue dictada en la causa que se conoce como Pibes Villeros, donde se investigaron desvíos de millones de pesos que debían destinarse a la construcción de viviendas.

La condena a 13 años de prisión fue dictada en enero del 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Jujuy, que juzgó a Sala junto a otros 29 acusados, entre ellos exfuncionarios provinciales y cooperativistas, incluida Mirta Guerrero, conocida como “Shakira”, excolaboradora de Sala que se convirtió en una de sus denunciantes y que en esta causa fue condenada a seis años de cárcel.

En el caso de Sala, la justicia jujeña consideró probado que ella lideró, entre 2013 y 2015, una asociación destinada a cometer delitos. Lo hizo desde la Túpac Amaru, organización que recibió fondos millonarios del Estado durante los gobiernos kirchneristas.

El tribunal jujeño que condenó a Sala también la encontró culpable de haber extorsionado a cooperativistas, y de haber defraudado al Estado con fondos provenientes de un acuerdo firmado entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.

Sala buscó revertir su condena en la Cámara de Casación y en el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que rechazaron sus recursos.

Los abogados de Sala llevaron entonces el caso a la Corte Suprema de Justicia y pidieron la nulidad de la causa. Sostuvieron, entre otros argumentos, que la acusación no fue precisa y que durante el juicio se añadieron hechos por los que Sala no había sido investigada y de los que no se había podido defender. También alegaron que el tribunal rechazó a testigos importantes para la defensa.

Sala cuenta con el apoyo del gobierno nacional, que considera injusta su condena. Alberto Fernández viajó a Jujuy en junio de este año para visitarla y dijo que ella era víctima de una “clara persecución” y que estaba injustamente detenida.