FALLO DE LA JUSTICIA

La asociación civil “Nada crece a la sombra” presentó ante la Justicia un recurso de habeas data (solicitud para obtener información sobre una persona u organismo). De esta manera, la organización exigió que el Ministerio del Interior le entregase un informe que realizó la subdirectora técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Lourdes Salinas. Dicho documento refiere al desempeño de esta asociación civil en las unidades penitenciarias y es a partir de este que se les prohibió el ingreso a ellas por un plazo de cinco meses. La Justicia falló a favor de la organización.

En agosto de 2021, el programa “Así nos va” (Radio Carve) publicó un informe sobre “Nada crece a la sombra” en el que se dijo que la organización incurrió en incumplimientos e irregularidades con el Estado y también alertó sobre contrataciones que se realizaban en negro.

En el programa también se señaló que el gobierno saliente del Frente Amplio firmó un contrato con la asociación por cinco millones de pesos para que fuera parte del “proceso de implementación de la Red de Atención en Drogas”.

Según se advirtió en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 2° Turno, “Nada crece a la sombra” considera que la inhabilitación de su trabajo en distintas cárceles le “ha generado daños de diversa índole”.

El Ministerio del Interior explicó a El País que el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria entendió pertinente realizar un protocolo de presentación de proyectos y seguimiento de los mismos, al que todas las organizaciones deberán ajustarse.

“Entre estas organizaciones es que estaba ‘Nada crece a la sombra’, que contaba con convenios específicos que incluían en su texto la evaluación periódica de las tareas que esta realiza”, detallaron fuentes de la cartera.

El jueves pasado se realizó una audiencia a la que se citó a representantes del Ministerio del Interior y de “Nada crece a la sombra” por la acción de habeas data planteada por parte de la asociación, dado que aún no tuvo acceso al documento elaborado el 31 de mayo de 2021.

“No solo se ha impedido el acceso a las actuaciones, sino que se aplicó por varios meses una drástica y grave medida de prohibición de ingreso como consecuencia de un informe del cual no se tuvo conocimiento”, expresó la asociación tal como se indica en la sentencia a la que tuvo acceso El País. Y agrega que el INR tampoco aludió a que fuera “información sensible o reservada”.

En el escrito se especifican todas las formas en que la organización solicitó el acceso al informe: “correos electrónicos a Lourdes Salinas; múltiples solicitudes al Consejo de Política Criminal y Penitenciaria; a Luis Mendoza, Director del INR; y a la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, esto último mediante dos solicitudes de acceso a la información pública”.

La sentencia del juez Alejandro Martínez señala que debido al “silencio positivo” del INR con respecto de la información que se solicitó, “corresponde el amparo de la demanda”, aunque exclusivamente del informe realizado por Salinas sobre el desempeño de la organización.

Entonces, se exigió que el Ministerio del Interior le brinde a la asociación civil “la información pública relativa al informe”. Y para esto se estableció un plazo de quince días.

A esto se añade que “la transparencia en la Administración Pública, por imperio constitucional y legal, no es una opción sino una obligación que debe ser cumplida, salvo las excepciones legales”.

En la actualidad, la asociación presentó un proyecto que fue valorado positivamente por el INR y se encuentra desarrollándolo en la Unidad N° 7, puntualizaron a El País desde el Ministerio del Interior.