TRAS RESOLUCIÓN DE LA UE

El gobierno de Venezuela rechazó ayer la extensión de las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea (UE) en 2017, que incluyen el embargo de armas y equipos que puedan utilizarse para la represión en el país.

Esto a partir de una resolución adoptada el pasado 10 de noviembre, cuando el Consejo de la Unión Europea (UE) acordó renovar hasta el 14 de noviembre de 2023 las sanciones impuestas en contra de un grupo de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, por socavar la democracia y violar los derechos humanos de los venezolanos.

La UE aclaró que las «medidas no afectan a la población en general y podrán revertirse en función de los avances realizados en el restablecimiento de la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos en Venezuela».

El Ejecutivo de Nicolás Maduro, a través de un comunicado de la Cancillería, rechazó ayer la “desafortunada decisión” de renovar las “medidas coercitivas unilaterales (que van) en contra del pueblo venezolano”, afirmó en el escrito.

Asimismo, el gobierno de Venezuela considera que la prórroga de las sanciones es una decisión incoherente “y constituye una bofetada” al V Foro de París por la Paz, en medio del cual representantes del Gobierno y la oposición sostuvieron una reunión para buscar salidas a la crisis, con el auspicio de Francia, Colombia y Argentina.

Las restricciones impuestas por los Veintisiete en 2017 incluyen la prohibición a 36 personas -entre ellas Diosdado Cabello, el número dos del chavismo- de entrar a la UE, así como la congelación de sus activos.

Estas sanciones, añadió Venezuela en su escrito, “castigan y violan masivamente los derechos humanos” de sus habitantes, “ya que sus consecuencias indirectas terminan por limitar el acceso a alimentos (de la población”.