EN MERCEDES

Este jueves se imputó en Mercedes a una funcionaria del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) por los delitos de "suministro de estupefacientes especialmente agravado y reiterados delitos de cohecho calificado todos en régimen de reiteración real y en calidad de autora". La mujer ingresaba estupefacientes a la cárcel a cambio de dinero y celulares por parte de familiares de los privados de libertad, confirmó a El País Stella Alciaturi, fiscal del caso.

Según detalló la fiscal, la funcionaria de la guardia penitenciaria, de 29 años, era investigada desde 2020 "por información dada por un testigo reservado". El informante expresó que a los reclusos "les llegaba dinero desde afuera".

Se ordenó el allanamiento de la casa de la funcionaria, en Fray Bentos, donde se encontraron "cajas de celulares, cargadores y boletas". También se investigaron los movimientos hechos en las redes de cobranzas, donde la mujer recibió en los últimos meses más de 200.000 pesos de familiares de reclusos.

Además, se hizo una requisa el pasado martes en la Unidad 24 del INR, luego de ver la maniobra de la funcionaria quien habría "pasado una bolsita de estupefacientes a un recluso".

La fiscal del caso detalló a El País que se impuso la pena de 120 días de prisión preventiva, pero la defensa apeló, por lo que podía modificarse la condena. En tanto, la investigación avanza y "podría involucrar a otros oficiales".